Por Arq. Efren Garrido
Durante años hemos repetido la misma frase: Verón–Bávaro–Punta Cana es el principal destino turístico de la República Dominicana.
Es cierta. Pero también está incompleta.
El verdadero problema es que seguimos tomando decisiones como si estuviéramos administrando un destino turístico, cuando en realidad estamos viendo nacer una ciudad.
Y esa diferencia lo cambia todo.
Las ciudades no se gobiernan igual que los complejos hoteleros. No basta con atraer inversión, inaugurar hoteles o construir nuevas carreteras. Una ciudad necesita vivienda, transporte público, hospitales, universidades, espacios públicos, infraestructura hidráulica, seguridad, gestión ambiental y una visión de largo plazo.
Hoy, Verón–Bávaro–Punta Cana ya reúne muchas de esas características. Tiene cientos de miles de habitantes permanentes, concentra una parte significativa de la inversión nacional, recibe millones de visitantes al año y sostiene una porción importante de la economía dominicana. Sin embargo, su planificación todavía arrastra una lógica que prioriza al turista sobre el ciudadano.
Ese es el verdadero debate detrás del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El POT representa un avance importante porque reconoce que el crecimiento no puede seguir dependiendo únicamente de la iniciativa privada o de decisiones aisladas. Establece reglas sobre el uso del suelo, la protección ambiental y la expansión urbana. Eso aporta seguridad jurídica y reduce la improvisación.
Pero un buen ordenamiento territorial no consiste únicamente en decir dónde se puede construir. La pregunta más importante es para quién se está construyendo la ciudad.
Cuando una ciudad crece demasiado rápido sin fortalecer su infraestructura, aparecen los síntomas que hoy comienzan a ser evidentes: carreteras congestionadas, presión sobre los acuíferos, sistemas de drenaje insuficientes, servicios públicos que avanzan más lentamente que la población y una ocupación cada vez más intensa del territorio.
No es una crisis. Es una advertencia.
La experiencia internacional demuestra que corregir una ciudad mal planificada cuesta varias veces más que planificarla correctamente desde el principio. Miami aprendió que la gestión del agua y la elevación del nivel del mar condicionan su desarrollo. Cancún entendió, quizá demasiado tarde, que el éxito turístico también depende de la calidad urbana. Panamá tuvo que invertir miles de millones para modernizar infraestructuras que el crecimiento había superado. Dubái convirtió la planificación en una política de Estado para coordinar el desarrollo urbano con la infraestructura y la inversión.
Verón–Bávaro–Punta Cana todavía tiene una ventaja que pocas ciudades poseen: aún está a tiempo de decidir qué quiere ser.
Pero esa decisión exige abandonar una visión de corto plazo.
El territorio no puede seguir evaluándose únicamente por la cantidad de habitaciones hoteleras construidas, por los metros cuadrados vendidos o por las nuevas inversiones anunciadas. Los indicadores realmente importantes serán otros: disponibilidad de agua potable, resiliencia frente al cambio climático, eficiencia del transporte, acceso a la vivienda, preservación de los acuíferos, calidad del espacio público y capacidad institucional para hacer cumplir las normas.
Ahí se medirá el éxito del POT.
También será necesario comprender que proteger el medio ambiente no constituye un obstáculo para el desarrollo; es una condición indispensable para sostenerlo. Las playas, los manglares, los humedales y los acuíferos no representan terrenos vacíos esperando ser urbanizados. Son infraestructuras naturales que hacen posible el turismo, reducen inundaciones, recargan el agua subterránea y mantienen el equilibrio ecológico del territorio.
Perder esos activos significaría debilitar el principal motor económico de la región.
Sin embargo, el mayor desafío no será técnico. Será institucional.
Los planes urbanos fracasan cuando se convierten en documentos que se consultan únicamente para aprobar permisos. Su verdadero valor aparece cuando orientan todas las decisiones públicas: desde dónde construir una escuela hasta cómo diseñar una avenida o proteger una cuenca.
Ese nivel de coherencia requiere liderazgo político, continuidad administrativa y transparencia. Ningún plan sobrevivirá si cada administración decide reinterpretarlo según las urgencias del momento.
Quizá la discusión más importante ni siquiera sea el contenido del POT. La verdadera pregunta es si la República Dominicana está preparada para reconocer que Verón–Bávaro–Punta Cana dejó de ser únicamente un destino turístico y comenzó a convertirse en una ciudad estratégica para el desarrollo nacional.
Porque cuando un territorio genera una parte tan significativa del empleo, de la inversión y de las divisas del país, deja de ser un asunto exclusivamente municipal. Su planificación se convierte en una cuestión de interés nacional.
El futuro de Verón–Bávaro–Punta Cana no dependerá únicamente del próximo hotel que se inaugure ni del próximo proyecto inmobiliario que se venda. Dependerá de la calidad de las decisiones que se tomen hoy sobre el territorio.
En arquitectura existe un principio elemental: ninguna estructura supera la calidad de sus cimientos.
Con las ciudades ocurre exactamente lo mismo.
El POT puede ser ese cimiento.
La historia juzgará si tuvimos la visión para construir sobre él o si, una vez más, preferimos improvisar mientras el crecimiento corría más rápido que la planificación.
