Por Arq. Efren Garrido

Existe una regla elemental de la buena administración pública: los territorios que más impulsan el crecimiento económico de un país deben recibir una inversión estatal capaz de sostener ese crecimiento y mejorar la calidad de vida de su gente.

Si esa regla se aplicara rigurosamente en la República Dominicana, Higüey sería hoy una de las ciudades con la infraestructura más moderna del país.

Pero la realidad es otra.

La provincia La Altagracia se ha convertido en el principal motor turístico de la nación. Desde Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Macao, Bayahíbe y el resto de su entorno se genera una parte determinante de las divisas, del empleo, de la inversión extranjera y de la actividad económica nacional. El propio Gobierno ha reconocido que La Altagracia figura entre las principales provincias donde concentra inversiones para respaldar el turismo, precisamente por el enorme peso estratégico de este sector. (Presidencia de la República Dominicana⁠)

Sin embargo, la riqueza que sale de esta provincia contrasta con la realidad cotidiana de su capital.

Higüey continúa enfrentando problemas estructurales que no corresponden con la importancia económica que representa.

Congestionamiento vehicular, drenaje pluvial insuficiente, crecimiento urbano sin planificación, déficit de espacios públicos, infraestructura vial limitada, servicios públicos presionados por el aumento de la población y obras que, aunque importantes, no alcanzan la magnitud que exige una ciudad que sostiene una parte importante de la economía nacional.

Es justo reconocer que el presidente Luis Abinader ha impulsado proyectos para La Altagracia. Se han inaugurado carreteras, intervenido accesos turísticos, reconstruido calles y ejecutado obras vinculadas al desarrollo del turismo.

Eso merece reconocerse.

Pero también merece decirse que esas inversiones no parecen guardar proporción con el peso económico que tiene la provincia dentro del país.

Y ahí nace la deuda social.

No porque no existan obras.

Sino porque la dimensión de esas obras luce pequeña frente a la magnitud del aporte económico de La Altagracia.

Mientras Santo Domingo continúa ampliando su infraestructura urbana, Santiago desarrolla grandes proyectos de movilidad y otras provincias reciben importantes inversiones estatales, Higüey sigue esperando una transformación integral que la coloque al nivel de la riqueza que ayuda a producir.

No se trata de establecer una competencia entre provincias.

Se trata de aplicar un criterio de justicia territorial.

El Estado dominicano recauda impuestos de personas, empresas y actividades económicas que tienen una fuerte presencia en La Altagracia. Aunque no existe una contabilidad oficial que permita determinar con exactitud cuánto recauda el Estado en esta provincia y cuánto reinvierte en ella, la percepción de un desbalance ha sido expresada incluso por líderes locales que reclaman una asignación presupuestaria más acorde con su aporte económico.

Cuando una provincia sostiene una parte tan importante del turismo nacional, la discusión ya no debe limitarse a inaugurar obras puntuales.

Debe centrarse en un proyecto de transformación.

Higüey necesita un sistema moderno de drenaje pluvial.

Necesita una solución definitiva al tránsito urbano.

Necesita nuevas vías de circunvalación y de penetración.

Necesita hospitales fortalecidos, parques, centros culturales, instalaciones deportivas, un sistema moderno de transporte urbano, mercados eficientes y una planificación que permita ordenar el crecimiento de una ciudad que seguirá expandiéndose durante las próximas décadas.

La riqueza del turismo no puede quedarse únicamente detrás de las puertas de los hoteles.

Debe reflejarse también en las calles donde viven los trabajadores que hacen posible esa industria.

Esa es la verdadera deuda social.

No es una deuda partidaria.

No comenzó con Luis Abinader.

Viene acumulándose desde hace décadas.

Pero cada gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de reducirla.

El presidente Abinader aún está a tiempo de pasar a la historia como el mandatario que convirtió a Higüey en la ciudad que siempre debió ser: la capital de la provincia que más aporta al desarrollo económico de la República Dominicana y que, por justicia, merece recibir una inversión pública acorde con su extraordinaria contribución al país.