Por Arq. Éfren Garrido
Cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que procura garantizar el retorno al país de los estudiantes que parten al extranjero a realizar estudios superiores mediante becas otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
La intención es buena y, en principio, difícilmente alguien podría estar en desacuerdo con ella: si el Estado invierte recursos públicos para formar a un profesional, es justo esperar que esa formación también contribuya al desarrollo del país.
La propuesta plantea, además, orientar las becas hacia áreas profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral dominicano, de manera que, al regresar, esos jóvenes encuentren oportunidades para ejercer dignamente lo que estudiaron.
Hasta ahí, estamos de acuerdo.
Pero hay una pregunta que considero necesario hacer antes de aprobar definitivamente una legislación de esta naturaleza:
¿Solo debemos preocuparnos por el dinero que se invierte en las becas para estudiar en el extranjero?
¿Y qué ocurre con los recursos públicos que se destinan a formar profesionales dentro del país?
Ahí es donde creo que el debate debe ser mucho más amplio.
No se trata únicamente de obligar a quien estudia fuera a regresar. Se trata de planificar qué profesionales necesita la República Dominicana y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros recursos para formarlos.
Porque también tenemos que preguntarnos si las carreras que se ofrecen desde las instituciones públicas responden realmente a las necesidades presentes y futuras del país.
El Estado no debería limitarse a pagar estudios. Debe tener una visión de país.
Necesitamos saber qué profesionales hacen falta hoy, cuáles necesitaremos dentro de cinco, diez o quince años y, a partir de ahí, orientar tanto las becas nacionales como las internacionales.
Existen además situaciones que deben ser consideradas con sensibilidad.
Un joven puede regresar al país después de cumplir con su compromiso y encontrarse con que aquí no existe una plaza acorde con su preparación, mientras en el extranjero tiene una oferta laboral que le permite ejercer su profesión y recibir una remuneración considerablemente mejor.
¿Debemos castigarlo por aceptar esa oportunidad?
Creo que no.
El compromiso con el país debe cumplirse, pero también debemos reconocer que el talento necesita oportunidades para quedarse.
Por eso, si ya existe un período de retorno establecido —como los dos años contemplados actualmente—, lo razonable sería fortalecer los mecanismos para que se cumpla, pero acompañándolo de una política que facilite la inserción laboral de esos profesionales.
De poco sirve traer de vuelta a un ingeniero, un científico, un especialista en tecnología o cualquier otro profesional si luego no encontramos dónde colocarlo, si no existen las condiciones para que desarrolle sus conocimientos o si la única alternativa que tiene es volver a marcharse.
También debemos reconocer otra realidad: en ocasiones se han financiado especialidades que no necesariamente encuentran un mercado suficiente en el país.
Por eso resulta sensato identificar previamente las áreas donde existen verdaderas necesidades nacionales.
Pero insisto: esto no debería aplicarse solamente a quienes reciben una beca para estudiar en el extranjero.
Si lo que queremos es defender el dinero público, debemos mirar el sistema completo.
Hay que revisar las carreras que se imparten en nuestras universidades e instituciones públicas, tanto técnicas como de grado superior, y preguntarnos si corresponden con las necesidades reales de nuestra economía.
Porque lo que es igual no es ventaja.
No podemos construir una ley que mire con lupa el dinero destinado a formar dominicanos en el extranjero, mientras dejamos sin planificación una parte importante de la inversión que hacemos para formar profesionales dentro del propio territorio nacional.
La discusión, por tanto, debería ser más profunda.
No se trata solamente de hacer regresar a nuestros jóvenes. Se trata de crear las condiciones para que quieran quedarse.
España, Estados Unidos y otros países han desarrollado mecanismos para vincular la formación profesional con las necesidades de sus economías. No tenemos que inventarlo todo; podemos mirar esas experiencias, estudiarlas y adaptar lo que funcione a nuestra realidad.
Antes de aprobar definitivamente esta futura ley, sería oportuno detenernos, mirar el mercado laboral dominicano y preguntarnos:
¿Qué país queremos construir y qué profesionales necesitamos para hacerlo posible?
A partir de esa respuesta deberíamos orientar las becas, pero también revisar la oferta académica de nuestras instituciones públicas.
Porque el dinero público, venga de donde venga la formación, sigue siendo dinero de todos.
Y si vamos a invertir en nuestros jóvenes, hagámoslo pensando no solamente en que regresen.
Hagámoslo para que, cuando regresen, tengan razones para quedarse.
Nos leemos luego…
