Por Henry Castillo Guerrero — Henry Castillo Guerrero Consulting Research SRL

Higüey.- Funciona hoy bajo una contradicción que sus habitantes viven a diario pero que rara vez se nombra con precisión: es, al mismo tiempo, la ciudad cabecera de la provincia que más divisas turísticas aporta al país y una de las que exhibe mayor rezago en los servicios más elementales del Estado. El propio Gobierno lo ha admitido públicamente al describir el crecimiento de La Altagracia como “sin precedentes”, un reconocimiento que confirma el diagnóstico de este texto pero que, por sí solo, no resuelve nada. Este escrito reúne la evidencia estadística disponible —censos, boletines oficiales y reportes de las propias instituciones responsables— para argumentar que el problema de Higüey no es la falta de crecimiento, sino la falta de una arquitectura institucional capaz de administrarlo.

1. El crecimiento que ninguna otra provincia dominicana ha replicado

Detrás de cada queja cotidiana en Higüey —la fila en una oficina pública, el corte de electricidad, la escasez de agua en una tubería que ya no da abasto— hay un fenómeno demográfico que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) documenta con una claridad poco frecuente. El municipio de Higüey pasó de 251,243 habitantes en el censo de 2010 a 415,084 en el censo de 2022, un incremento de 65.2 % en un solo período intercensal de doce años, muy por encima del promedio nacional. No se trata de un repunte aislado: la ONE clasifica a La Altagracia como la única provincia del país que ha mantenido la categoría de “alto crecimiento” durante tres períodos intercensales consecutivos (1993-2002, 2002-2010 y 2010-2022), y dentro de ella, el distrito municipal de Punta Cana crece a un ritmo anual de 8.17 %, uno de los más acelerados de todo el territorio nacional. (Una estadística, según dicen, mal contadas)

Ese ritmo no responde a una dinámica interna de la ciudad, sino a un motor externo: el turismo. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana movilizó más de 11 millones de pasajeros en 2025 —un 9.9 % más que el año anterior— y el país completo recibió 11.6 millones de visitantes, cifra récord que representa un 37.8 % de aumento respecto a 2022. Cada nuevo hotel, cada nueva ruta aérea que se suma a ese ecosistema, atrae mano de obra que necesita, en Higüey y no en Punta Cana, vivienda, agua, electricidad, transporte y servicios bancarios, porque es en el municipio cabecera —y no en el corredor hotelero— donde esa fuerza laboral resuelve su vida cotidiana. Ahí está la raíz del desbalance: la economía que sostiene a la provincia crece a ritmo de mercado internacional, mientras que la infraestructura que la sostiene a ella crece a ritmo de presupuesto público y licitación administrativa. Son dos velocidades distintas conviviendo en el mismo territorio, y todo lo que sigue en este texto es, en esencia, la crónica de esa brecha.

2. Una banca que llega tarde a la ciudad que más aporta al turismo

Resulta revelador que, siendo Higüey la cabecera de la provincia con mayor flujo de divisas del país, su oferta bancaria formal continúe siendo escasa y concentrada casi por completo en el casco urbano. El caso de una de las principales asociaciones de ahorro y préstamo del sistema financiero dominicano —con décadas de trayectoria y decenas de sucursales en el resto del territorio nacional— es ilustrativo: no abrió su primera oficina en Higüey sino hasta julio de 2024, cuando la ciudad ya superaba los 400,000 habitantes. La consecuencia práctica no es solo la incomodidad de una fila adicional: es que miles de residentes de los barrios periféricos deben trasladarse al centro para realizar operaciones bancarias elementales, lo que encarece en tiempo y transporte algo que en cualquier ciudad de tamaño comparable sería un trámite de esquina. En una economía que mueve millones de dólares en remesas y nómina hotelera, la escasez de cajeros y ventanillas fuera del centro empuja a buena parte de esa población hacia el manejo de efectivo, con los riesgos de seguridad e informalidad que eso conlleva.

3. Oficinas públicas diseñadas para una ciudad que ya no existe

Las dependencias del Estado —Junta Central Electoral, Tesorería, Migración, tribunales, oficinas sectoriales de salud y educación— siguen operando, en su gran mayoría, desde inmuebles concebidos para una población muy inferior a la actual, y todas dentro del mismo radio del centro histórico. El resultado es previsible: filas que se alargan, tiempos de espera que se multiplican y desplazamientos que la propia composición urbana de la provincia —76.8 % de población urbana, según el censo— hace innecesarios si el Estado descentralizara su oferta hacia los polos poblacionales que ya existen, como Verón o La Otra Banda. La concentración no es solo una molestia logística: es un costo de oportunidad que se paga en horas de trabajo perdidas y en oportunidades para la gestión informal de trámites, allí donde la fila se vuelve insostenible.

4. Agua potable: el problema que ningún anuncio ha resuelto de raíz

Del agua no puede decirse que Higüey carezca de promesas; carece de una solución definitiva. En noviembre de 2025, el propio Gobierno anunció un paquete que incluye la licitación del Acueducto del Cerro —para independizar 36 barrios del acueducto principal— y un alcantarillado sanitario valorado en US$124 millones, con más de 200 kilómetros de tubería y una nueva planta de tratamiento, al que se suma el financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el acueducto y alcantarillado de Verón, previsto para mediados de 2026. Son, sin duda, inversiones de escala considerable. Pero el patrón que revela su cronología es el mismo que los higüeyanos llevan denunciando desde hace más de veinte años: nunca ha llegado una obra estructural única y definitiva —la gran solución hidráulica que la memoria colectiva de la ciudad sigue esperando—, sino una sucesión de proyectos parciales, anunciados por administraciones distintas, que resuelven un fragmento del problema mientras el resto de la red sigue operando con la misma insuficiencia de siempre.

El anuncio, en sí mismo, es la evidencia del problema: dos décadas después de que el turismo transformara la provincia, la ciudad cabecera todavía licita —no ejecuta— las obras hidráulicas básicas que debieron acompañar ese crecimiento desde el principio.

5. EDEESTE: el déficit eléctrico que ninguna estadística nacional oculta

El servicio eléctrico en Higüey concentra, de forma sistemática, las quejas más altas entre las tres empresas distribuidoras del país: los reportes del sector ubican a Edeeste, de manera reiterada, como la distribuidora con mayor número de reclamaciones de usuarios a nivel nacional, en un contexto en que las tres distribuidoras arrastran un déficit financiero conjunto que supera los US$1,450 millones. La capacidad instalada de transformadores en el municipio pasó de apenas 79 a 146 unidades entre 2023 y 2025, con la meta —todavía pendiente— de llegar a 240 para 2028, un dato que por sí solo confirma que la red eléctrica ha operado durante años muy por debajo de la demanda real de una ciudad que no dejó de crecer mientras la infraestructura sí lo hizo. Los episodios no son anecdóticos: en 2024 la ciudad sufrió un apagón de más de 26 horas seguido de una crisis de 21 días que afectó a barrios como Antonio Guzmán, Mamá Tingó y San Martín, con pérdidas económicas directas para comerciantes que reportaron daños en refrigeración de alimentos y bebidas; en 2026, EDEESTE ha seguido reportando averías por sobrecarga y conexiones irregulares en esos mismos sectores. El patrón se repite con una regularidad casi administrativa: anuncio de refuerzo, avería, protesta vecinal, nuevo anuncio.

6. Un parque vehicular de 2026 sobre una trama vial de los años sesenta

El parque vehicular de la República Dominicana cerró 2024 con 6,194,052 unidades, un incremento de 6.3 % respecto al año anterior, y La Altagracia concentra alrededor de un 3 % de ese total nacional, proporción que, aplicada a una ciudad con el trazado vial de Higüey, resulta sencillamente inasumible. La ciudad mantiene sus calles principales prácticamente sin modificar desde el siglo pasado, sin un sistema de estacionamientos públicos que ordene el centro, sin un plan de transporte colectivo formal y con un servicio de motoconchos que, ya desde hace años, superaba las cinco mil unidades operando sin regulación efectiva sobre rutas, tarifas o paradas. La consecuencia se puede medir en algo tan simple como el uso del espacio urbano: comerciantes y empleados públicos ocupan un mismo parqueo desde las siete de la mañana hasta media tarde por falta de alternativas, mientras el tránsito de paso se acumula alrededor de ellos. En julio de 2025, autoridades municipales, provinciales y sindicales debieron reunirse formalmente para “analizar las problemáticas del tránsito”, un diagnóstico que, en el fondo, coincide con quejas documentadas desde hace más de una década. El vehículo del año 2026 circula, en sentido literal, sobre el diseño urbano de los años sesenta, y esa distancia de sesenta años es, probablemente, la imagen más precisa de todo lo que este texto describe.

7. Instituciones sociales visibles, resultados que no se pueden medir

Higüey no carece de estructura institucional: iglesias, fundaciones, clubes de servicio, organizaciones comunitarias y programas gubernamentales de asistencia tienen presencia constante y activa en la ciudad. El problema no es, entonces, la ausencia de instituciones, sino la desconexión entre esa vida institucional y los indicadores de calidad de vida que este texto ha documentado hasta aquí. Cuando ninguna de esas organizaciones —ni las públicas ni las privadas— reporta metas, indicadores o plazos verificables ante la ciudadanía, la actividad institucional se convierte en un fin en sí misma, desligado del resultado que debería justificarla. Esa es, en buena medida, la explicación de una paradoja que cualquier higüeyano reconoce: una ciudad con vida institucional aparentemente activa puede convivir, durante veinte años, con los mismos problemas estructurales sin que ninguna de esas instituciones logre, ni exija, resolverlos.

8. Una sociedad civil con poco margen real para hacer contrapeso

Un factor menos medible en cifras, pero igual de determinante, es la capacidad real de la sociedad higüeyana para presionar y fiscalizar a sus autoridades. Buena parte de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación de alcance local dependen, en distintos grados, de pauta publicitaria estatal, de vínculos con estructuras partidarias o de relaciones comerciales con el sector empresarial que opera en la provincia, y esa dependencia económica reduce, de forma estructural, el margen para sostener en el tiempo una agenda crítica independiente frente al poder de turno. El resultado es un espacio público donde la protesta organizada y sostenida —la que en otras provincias del país ha logrado forzar respuestas concretas del Estado— encuentra menos condiciones para desarrollarse, precisamente en la ciudad donde, según toda la evidencia reunida en este texto, más se necesitaría. Conviene precisar que esta observación describe una tendencia estructural, discutida de forma amplia en el debate público dominicano sobre medios y sociedad civil, y no una acusación dirigida contra un medio, organización o actor específico.

Conclusión: el costo de crecer sin que nadie planifique ese crecimiento

Los datos reunidos en este texto no dejan espacio para la ambigüedad. La Altagracia es la provincia de mayor crecimiento poblacional del país durante tres períodos censales consecutivos; Higüey multiplicó su población municipal en 65 % en solo doce años; el turismo que sostiene ese crecimiento bate récords de llegadas cada año que pasa. Frente a esa evidencia, la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, reactiva: licitaciones que llegan dos décadas después de que el problema era evidente, transformadores eléctricos que se instalan después de la crisis y no antes, mesas de coordinación vial que se convocan cuando el caos ya es rutina diaria. El propio Estado ha reconocido el desbalance en voz de su más alta autoridad; lo que corresponde ahora, con la misma evidencia sobre la mesa, es que ese reconocimiento se traduzca por fin en ejecución medible y no en un nuevo ciclo de promesas.